La creación de una Corte Electoral, de una Comisión Electoral, la elección de 200 representantes (hoy hay 166) y la financiación mixta de las campañas; son, en términos generales, las propuestas que presentó la Misión Electoral Especial y que se espera hagan parte de la reforma política que se planteó en el acuerdo de paz con las Farc.
De acuerdo a la información que publica el diario El Colombiano, estos lineamientos son apenas un borrador ya que se espera que a mediados de abril se conozca el documento que será entregado al Gobierno y que luego pasará por el Congreso.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, dijo que estas propuestas surgieron tras una concertación con partidos políticos, investigadores, instituciones y la sociedad civil. Explicó que las discusiones se centraron en tres ejes: la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral.
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“El momento político que está viviendo el país favorece mucho una propuesta de este estilo, ya que si bien no es algo nuevo, lo que importa es el contexto y la coyuntura actual en la que nos encontramos. En Colombia hay un deseo de apertura democrática y de mayores controles, hay un deseo de reformar nuestro sistema político”, apuntó Barrios.
Cambios en la arquitectura institucional
La Misión propone la creación de dos instituciones: una concentrada en temas administrativos y otra con funciones jurisdiccionales. El primero sería el Consejo Electoral Colombiano (CEC) el cual asumiría funciones técnicas y de planificación. El CEC tendría presencia territorial y estaría presidido por una directiva de cinco miembros de origen no partidista.
Entretanto, la Corte Electoral, CE, sería la encargada de la totalidad de la jurisdicción electoral y estaría integrada a la estructura de la Rama del Poder Público pero con autonomía.
Esta Corte define la separación definitiva del cargo, la pérdida de la investidura y la pérdida del cargo a quienes fueron elegidos por voto popular. Estaría compuesta por seis tribunales regionales.
En caso de que la reforma sea probada, tanto el CEC como el CE sean aprobados, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría dejarían de existir y sus competencias serían asumidas por estas entidades.
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