Inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay destaparon una fraudulenta maniobra millonaria contra el fisco del país que implica a dos estudios falsos que creaban empresas fantasma y a empresarios que hacían uso de sus servicios, confirmaron a Efe fuentes oficiales.
Redacción El Político
Foto: elobservador.com.uy
La red delictiva, que hasta el momento presenta una defraudación de 78 millones de pesos uruguayos (unos 2.700.000 dólares), registraba sociedades anónimas en la DGI a nombre de testaferros que certificaban sus domicilios con escribanos «que se prestaban a la maniobra», explicó el director de Rentas de la DGI, Joaquín Serra.
Los testaferros eran «personas insolventes» que «nunca sería imaginable» que pudieran ser directores de una sociedad anónima por su situación económica, apuntó Serra.
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Luego de la inscripción en el fisco uruguayo las empresas fantasmas, adquirían sus facturas y comenzaban a operar de tres maneras diferentes, señala EFE.
«Había empresarios con cierta actividad que habían resuelto evadir y adquirían alguna de estas sociedades, facturaban sus ventas con la documentación que accedían por este mecanismo y todo tenía una apariencia de formalidad y corrección», explicó Serra.
Después de ello, según añadió el director de Rentas, los empresarios «usaban un tiempo» las entidades y las desechaban para adquirir otra diferente para «evadir los controles» y dificultar la identificación de los responsables en caso de que se comprobara el incumplimiento.
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La segunda forma de operar surgía a partir de intermediarios de los dos estudios que «vendían facturas» a empresas que quisieran «inventar un gasto» para reducir el IVA y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)
«(El empresario) pedía una factura que se la completaban en el momento, decía: ‘quiero generar un gasto de 100.000 dólares, un millón de pesos o cualquier monto’, y ellos lo ponían e inventaban un servicio o venta inexistente que genera un IVA que nadie iba a pagar», manifestó Serra.
En tanto, el funcionario de DGI expresó que la tercera operación delictiva consistía en proveedores informales que «compraban facturas» y le vendían servicios a otras empresas que «eran engañadas».
