El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el nuevo acuerdo de paz con las FARC anunciado hoy en La Habana debe unir al país porque recoge los planteamientos de todos los sectores sociales y mejora el original, firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias.
En una alocución para explicar detalles de los cambios hechos, Santos señaló que el documento inicial, defendido a capa y espada por su Gobierno, ha sido elogiado por expertos de todo el mundo, pero admitió: «con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo».
A la renegociación con las FARC se llevaron 57 puntos planteados por la oposición que lideró la campaña por el «no» en el plebiscito del pasado 2 de octubre, por la Iglesia católica, confesiones evangélicas, empresarios, magistrados y partidarios del «sí», entre otros sectores.
«Sus iniciativas contribuyeron a lograr este nuevo acuerdo que ahora es de todos. ¡De todos!», afirmó.
Santos agradeció especialmente a los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010) y Andrés Pastrana (1998-2002), así como a la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, todos en la oposición y atrincherados en la campaña del «no», las contribuciones que hicieron en el diálogo nacional que él convocó tras el plebiscito.
«Mirando para atrás, el resultado del plebiscito nos abrió la oportunidad de unirnos y quiero agradecer nuevamente la buena disposición y la buena voluntad con la que participaron todos los voceros, en particular los del ‘no'», añadió.
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Según el jefe de Estado, el nuevo acuerdo, que será publicado en internet para que todos los colombianos puedan revisarlo, «retoma y refleja las propuestas, y las ideas de todos los que participaron en este gran diálogo nacional», al tiempo que «responde y aclara las preocupaciones que muchos tenían frente a la letra, el sentido del acuerdo o su implementación».
«Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado, debe unirnos, no dividirnos», manifestó.
El presidente explicó los principales logros del acuerdo que acaba con una incertidumbre de 40 días y disipa los temores a una ruptura del alto el fuego bilateral con la guerrilla de las FARC, que comenzó el pasado 29 de agosto.
En este sentido, subrayó que uno de los temas que más reclamaron los colombianos «era que las FARC entregaran sus bienes y la plata que tengan disponible para reparar las víctimas. Eso se logró».
«En el nuevo acuerdo, las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas», afirmó Santos.
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Igualmente destacó el hecho de que la nueva versión defina en el punto de justicia algo que incomodaba a los colombianos, y era la ambigüedad del concepto de «restricción efectiva de la libertad» que tendrán los miembros de la FARC que resulten condenados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sobre lo cual se fijaron espacios y condiciones.
A esta jurisdicción se le fijó también un límite de tiempo de diez años, que no estaba en el anterior acuerdo, y se eliminó del texto la participación en ella de jueces extranjeros, algo pedido por magistrados de la Corte Suprema preocupados por el hecho de que la justicia ordinaria quedara sometida a la JEP.
«Todos (los jueces) serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes», dijo.
También se suprimió la idea de incorporar el acuerdo de paz a la Constitución Política, que Santos reconoció hoy que incomodaba no solo a Uribe, Pastrana y Ramírez, sino incluso a partidarios del «sí» en el plebiscito.
«Confieso que tenían razón, porque además generó muchas malas interpretaciones sobre el acuerdo. Eso se corrigió», dijo.
Destacó que el nuevo acuerdo, «como lo pidió expresamente el expresidente Uribe», respeta la propiedad privada, y no desatará «una posible cacería de brujas» en la aplicación de la justicia transicional a empresarios que puedan haber financiado a grupos armados, temor que, según dijo, «quedó totalmente disipado».
Lo firmado hoy también reduce desde el primer año en un 30 % la financiación al partido que surja de las FARC cuando dejen las armas, compromete más a esa guerrilla en la lucha contra las drogas y no establece que haya guerrilleros en el Congreso nombrados a dedo ni en cargos en el Gobierno.
Sin embargo, el único de los 57 puntos discutidos en el que no se pudo hacer cambios es en el de la condición de elegibles en las urnas de los jefes guerrilleros.
«Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar», reconoció Santos, quien pidió a los colombianos que entiendan «que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad».
EFE
