El pasado año la Unión Europea propuso estudiar la posibilidad de considerar a los robots como «personas electrónicas», un estatus legal que probablemente necesitaremos si comenzamos a depender de ellos para cada vez más tareas.
El informe inicial sobre el asunto ha sido aprobado esta semana e incluye algunas consideraciones adicionales, como la posibilidad de que estos robots paguen impuestos si obtienen beneficios por su trabajo o que estén obligados a incluir de serie un sistema de autodestrucción.
La cuestión puede parecer absurda pero tiene sentido desde el punto de vista legal. Conforme aumente la autonomía de este tipo de máquinas y la cantidad de tareas que desempeñan, van a tener que interactuar con personas y tomar decisiones que pueden tener consecuencias imprevistas. Dotados de una personalidad jurídica, estos robot serán capaces de solicitar u ofrecer servicios o responsabilizarse en caso de daños a terceros. La situación no es muy diferente a la que tenemos hoy en día con las empresas, consideradas también personas jurídicas a pesar de ser una organización.
Con este sistema Europa podría equiparse con las herramientas necesarias para regular algunos de los supuestos más complejos de la automatización, como la responsabilidad que tendrían el fabricante o el dueño de un vehículo autónomo -al fin y al cabo un robot con ruedas y espacio para pasajeros dentro- en caso de accidente.
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